La cultura afecta a amplios aspectos de la vida: la vivienda, la alimentación, la relación con la tierra y el entorno natural, la atención médica, la religión, la educación y las artes. En muchas ocasiones es complicado determinar la adecuación cultural porque las «culturas» nunca son monolíticas. Por ello, brindar auténticas oportunidades de participación a las minorías, en particular a los pueblos indígenas, mediante el respeto por la libertad de expresión, de asociación y de participación en la vida política, es un elemento central del respeto por los derechos culturales.
Estos derechos están protegidos en normas internacionales de un modo impreciso. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios de la ciencia y la cultura. El Pacto señala la obligación del Estado de asegurar la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. El derecho internacional relativo a los pueblos indígenas, así como las normas sobre los derechos de las minorías y sobre la eliminación de la discriminación racial contienen disposiciones más precisas al respecto. Los particulares y los grupos que defienden los derechos culturales en el ámbito internacional se basan con más frecuencia en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 27), que protege el derecho de los miembros de minorías a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.
La protección de los derechos culturales de grupos, comunidades y pueblos ha de guardar equilibrio con los derechos de los individuos. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que obliga a sus miembros a promover y proteger "la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad", establece una distinción entre prácticas culturales positivas y negativas. Algunas de ellas, como las que subordinan claramente a las mujeres, pueden estar infringiendo otras disposiciones de la Carta Africana. La Carta Árabe de Derechos Humanos exige que las medidas adoptadas por los Estados Partes para alcanzar el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental incluyan la "supresión de las prácticas tradicionales que son perjudiciales para la salud del individuo".
Las normas internacionales de protección de los derechos del niño obligan expresamente a los Estados a adoptar medidas para abolir las prácticas tradicionales o culturales que sean perjudiciales para la infancia.
