Sesión 2 A Presencial día 08 de julio de 2010. Estado y sociedad en la Constitución y en la realidad política

Estado y sociedad en la Constitución y en la realidad política




LANDELINO LAVILLA*

























PERSONALISMO
















* Lérida, 1934. Letrado del Consejo de Estado. Con- sejero Permanente de Esta- do. Ex ministro de Justicia. Ex presidente del Congreso de los Diputados.


A consideración de la sociedad como el entramado de relaciones de un conjunto de personas portadoras de virtudes y defectos, la articulación de esas relaciones en
un marco institucional y la ordenación de los fenómenos de poder sitúan el proceso de integración social en fase de organización política. Aflora así la primaria valoración de lo político como una dimensión de lo humano. El hombre es la referencia, en su individualidad y en su proyección, social; el equilibrado respeto de una y otra genera un sistema de convivencia enriquecedor y legitimado; el descompensado sacrificio de una u otra neutraliza cualquier posibilidad de auténtica convivencia, pues no hay tal cuando la organización política se asienta en la aniquilación de la personalidad por
un poder despótico o en la falta de cohesión social a impulsos de un individualismo anarquizante e insolidario.
Según el artículo 10.1 de la Constitución española, "la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y al derecho de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social".
Es posible que la enfática proclamación del personalismo, antepuesta ahora a algunas penetrantes afirmaciones del Título Preliminar de la Constitución, sea valorada como manifestación de principios y convicciones profesados por
quien escribe. No hay en ella, sin embargo, sesgo alguno condicionante de la rigurosa interpretación de la norma constitucional como traducción de una racionalidad objetiva-
.da, puesto que se hace en el marco del Estado social y democrático constituido en conexión con los valores superio- res del ordenamiento jurídico (artículo 1.1). De esta suerte, el enfoque personalista proyecta haces de luminosidad sobre el centro cardinal de las tensiones entre Estado, sociedad e individuo o, desde otro punto de vista de sabor más dogmático, entre autoridad y libertad. La Constitución tiene, precisamente, la función esencial de encauzar esas tensiones y

resolverlas en un orden pacífico de convivencia.
El abismal alejamiento de las actitudes totalitarias se hace así palmario: no es admisible la concepción del hombre para
el Estado; el Estado se justifica y legítima al facilitar y
potenciar la plenitud del hombre —erigido en su Deferencia primaria— y de la sociedad.

Dicho lo que antecede, sin embargo, forzoso es Reconocer que la adecuada consecución del buen y deseable [orden de convivencia requiere una aceptación natural del Estado que,
si no es esclavizador de la sociedad y del hombre, tampoco puede ser visto —aunque a veces lo .parezca en algunas comunidades, quizá en las latinas, quizá con mayor especifi- cidad en la española— como un enemigo a vencer o como aparato de poder a conquistar, sino como algo propio de la sociedad y de quienes la integran. La solidaridad, como hábito, como sentimiento y hasta como valor —y a ella hay repetidas apelaciones en la Constitución—, es la base de ese
modo de entender y vivir cada uno su vocación social y, de ese modo, de aceptar al Estado como expresión comunitaria
y no como mecanismo de dominación que hay que padecer o
al que hay que hacer frente. El hombre vive en sociedad, pero
ni ésta le priva de su individualidad ni absorbe la plural manifestación de su personalidad; la sociedad se organiza políticamente en el Estado, mas éste no neutraliza el dinámico desarrollo de la sociedad, ni asume la disciplina, control y ejercicios de todos los fines y funciones sociales.











EL ESTADO NO ES UN ENEMIGO




Esta reflexión, hecha desde la perspectiva del hombre
y de la sociedad, requiere el adecuado y correlativo comple- mento de una meditación sobre la capacidad creciente y avasalladora del Estado para condicionar la vida de sus
ciudadanos y ajar la espontaneidad de la sociedad. Si ésta ha de ver al Estado como garante del orden de convivencia, el Estado ha de operar con plena conciencia de sus límites y de las barreras impuestas por su función de garantía, sin transmutarla en un dirigismo que, so pretexto de la invoca- ción genérica del interés público y de la preservación del orden, invada —para "garantizarlos"— ámbitos ojue deben permanecer inmunes a la injerencia del poder.
Es claro que la Constitución española, a la que ciudadanos
y poderes públicos quedan sometidos (artículo 9.1), descansa sobre una concepción política y diseña una construcción jurídica en la que la equilibrada armonización de la libertad
y la igualdad, la cabal atención a las exigencias que comporta
la doble cualificación social y democrática del Estado de Derecho y, en definitiva, la fuerza atractiva de un horizonte de justicia suponen un efectivo distanciamiento del capitalis- mo y del liberalismo en sus versiones más descarnadas y superadas; no comporta, sin embargo, una desdeñosa margi- nación de sus favorables y fecundos aspectos, que expresa-
mente se asumen —en lo que tienen de acervo incorporado a

EL ESTADO, GARANTE DE LA CONVIVENCIA
















REFORMISMO SOCIAL
































TENSIÓN POLÉMICA ENTRE ESTADO
Y SOCIEDAD


la cultura que llamamos occidental—, por más que el Estado no se limite a asegurar el libre curso de las aguas, sino que cumpla la función de cauce —no de dique— para procurar su adecuado aprovechamiento y prevenir eventuales desborda- mientos.
La fuhción correctora del Estado no halla apoyo constitu- cional, ni en las declaraciones iniciales ni en las concretas prescripciones de la Constitución —incluida la relativa a la planificación—, para amparar actitudes totalitarias que inter- fieran el ámbito de los derechos y libertades individuales o envíen a un limbo retórico la autenticidad de la democracia y del pluralismo político y social.

Esa función correctora, expresivamente manifestada en lo que puede llamarse reformismo social —y suele identificarse como "progresismo" en un lenguaje político usual, a la par desgastado y equívoco—, cualifica al Estado democrático del siglo XX que, junto a clásicas responsabilidades de carácter asistencial y arbitral, asume otras de orientación y confor- mación social, lo que, en la experiencia de Occidente, ha permitid^ desactivar impulsos revolucionarios y alcanzar, desde luego, las más altas cotas de progreso y bienestar.
Puedb decirse, en términos bien expresivos, que, si du- rante mucho tiempo las características de la evolución histórica y la propia inercia mental han fundado la defensa de
la libertad del hombre como una exigencia de su digniddad, hoy tien^ mayor fuerza caracterizadora la proposición inversa que proclama la dignidad del hombre, necesariamente asocia- da a un grado de suficiencia económico-social, como condi-
ción y presupuesto de una efectiva libertad. No es ya sólo que
la dignidad del hombre legitime y exija el reconocimiento y tutela de su libertad; es que, además, la libertad del hombre sólo deviene real al ser verdaderamente dignos sus medios y condiciones de vida.
Cuando las convicciones humanistas —cristianas, liberales
o socialistas— no son profesadas en tales términos, se agostan sus raíces, a la vez que, en la confrontación ideológica, se presta ayuda y fiabilidad a habituales críticas, de inspiración marxista, respecto de las libertades formales o, por mejor decir, respecto del carácter meramente formal de las libertades exhibidas por unas hipotéticas democracias
liberales insensibles al dramatismo de los problemas reales.

No 0s ésta, por fortuna, la actitud constatada de las democracias occidentales. Y no lo es, desde luego, la configu- ración constitucional de la democracia española que considera
la sociedad, no sólo como base u objeto de la esencia organizativa del Estado, sino como realidad vertebrada que
se afirma polémicamente respecto de él.
Es signo revelador de la modernidad de la concepción política yigente en España la propia constitucionalización de los partidos políticos (artículo 6) como trasunto de un pluralismo de pensamiento y acción, efectivamente reconoci-

do y respetado, así como la de los sindicatos de trabajadores
y asociaciones empresariales (artículo 7) que, en los términos de la Constitución, "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios". La
significativa incorporación de tales previsiones ají Título Preliminar de la Constitución impone, por razones sistemáti- cas, sobrepasar los criterios interpretativos de signo limitati- vo; obliga, empero, y sobre todo, a alertar frente al riesgo de que un tratamiento constitucional tan relevante y descatado pueda generar pretensiones de "estatalizar" partidos, sindica- tos y asociaciones empresariales, cuál si vinierajn a ser concebidos como brazos del poder político, siendo obvio su nacimiento en la sociedad que los engendra como cauces para hacerse presente en la vida política, para coadyuvar a la fluida composición de ideas e intereses y para participar, incluso, en la constitución de los órganos estatales.
Se revela así la esencia de una concepción contemporánea que sustantiva el reconocimiento constitucional de tales organizaciones y descalifica en paralelo la eventual imputa- ción de que resultan meramente reiterativas las subsiguientes declaraciones del derecho de asociación (artículo ¡22), del derecho de sindicación (artículo 28.1), del derecho a la huelga (artículo 28.2), del derecho de colegiación profesional (artículo
36), del derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y de los empíresarios (artículo 37.1) o del derecho de unos y otros a adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2). Sería ¡erróneo entender que tales declaraciones de derechos son meras
especificaciones de lo que ya el Título Preliminar prbclama; parece, sin duda, más acertado deslindar la doble orientación con que, de una parte, se acuña la significación constitucional de determinadas organizaciones y, de otra parte, se reconocen
y garantizan los derechos inherentes a la persona, en el mismo plano en que tantos otros derechos y libertades son reconocidos y garantizados por las sucesivas formulaciones constitucionales primordialmente incorporadas al Título I de
la Constitución. Ese plano es el definido por el artículo 10.1 de la Constitución, que sitúa la dignidad de la persoga y los derechos inviolables que le son inherentes en el fundamento del orden político y de la paz social.
Lo dicho en relación con el derecho de asociación ¡política
y sindical, cuyo vigor ejemplificador resulta del simultáneo reconocimiento de partidos y sindicatos como elementos estructurales del sistema constituido, parece predicable a fortiori de todas aquellas manifestaciones de la libertad humana y del vitalismo social, en las que no concurre ese cualificado perfil estructural y luce sin sombras ni interferen- cias la lozanía de las convicciones democráticas que alientan
el texto constitucional.
No es momento de catalogar y menos analizar los distintos preceptos de la Constitución en los que es perfecta- mente detectable la natural aceptación de la dualidad entre























LA REALIDAD POLÍTICA: RIESGOS
A PREVENIR








DEMANDA DE LIBERTAD Y RECHAZO DE RESPONSABILIDAD

Estado y sociedad. Baste señalar que la Constitución española no opera sobre la desnuda realidad del Estado y del individuo, que otrora quedaron solos en escena tras un convergente esfuerzo de simultánea liberación, sino que presupone, acepta y tutela la realidad de una sociedad viva y de los que se han venido llamando cuerpos intermedios. En efecto, uno de los artículos más encomiados, como muestra del sentido constitucional y de la autenticidad democrática y social con que se desarrolló el proceso constituyente, es el noveno de la Constitución, según el cual corresponde a los poderes públicos la promoción de las condiciones para que la libertad y jla igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Pues bien, la libertad e igualdad de que se trata no es sólo la del individuo
—usualmente objeto de consideración en las constituciones—, sino también la de "los grupos en que se integra"; grupos que,
obviamente, pueden ser —son— todos aquellos en que la sociedad se articula para la consecución de fines lícitos.

Una es, sin embargo, la formulación normativa y otro puede ser pl mundo de la política real no siempre enjuiciable
ni muchas veces inteligible con planteamientos estrictamente jurídicos, por relevantes que fueren y por inexcusables que resulten. Siólo una aguda conciencia de los valores constitu- cionales y una firme voluntad de preservarlos permiten conjurar serios riesgos de desnaturalización del sistema, cuyas caucas, aun sin propósitos exhaustivos, son de fácil percepción en una somera verificación empírica sobre la realidad política.


El horhbre es en sí mismo tensión y en la comunidad política vive en un círculo de tensiones. Los modernos teóricos del Estado consideran frecuentemente que el plan- teamiento de los problemas políticos a partir de las tensiones de raíz —hombre, versus Estado, autoridad frente a libertad, unidad o pluralidad— debe ser e incluso está superado. Parece, sii) embargo, que aquellas tensiones laten con persis- tencia en el fondo de los problemas políticos y en el de las construcciones doctrinales e ideológicas que se conciben y se proyectan sobre la realidad política.
El principio de participación, como efectiva realización del ideal Democrático, propone la superación por la real incorporación de todos a la tarea colectiva, alcanzándose una
síntesis conceptual entre subdito y soberano que se plasma en
la conversión del hombre en ciudadano; conversión que sólo puede realizarse en la libertad, la responsabilidad y la solidaridad. El artículo 10.1 de la Constitución, sin necesidad de apelar ahora a su ulterior despliegue normativo, es signo expresivo de la incondicionada recepción, primero, y de la resuelta vigorización, después, de esa importante y definitiva conversión.
Libertad y responsabilidad son anverso y reverso de una


misma medalla. Platón se enfrentaba a los sofistas porque pedían libertad y rechazaban la responsabilidad en la verdad
y en los principios morales. La libertad y la solidaridad son, desde luego, necesarias para realizar la idea de la democracia
y de la colaboración social. No lo es menos la responsabilidad de los poderes públicos, de la sociedad civil y de los ciudadanos.
Ocurre, sin embargo, que, en parte por características temperamentales y en parte por la propia herencia de la Revolución Francesa, que problematizó las ideas de libertad
y autoridad, hay comunidades en las que difícilmente se concibe una autoridad liberal y una libertad constructiva y no disolvente. Ello revela algo muy propio de la condición del hombre. Oí una vez a un ilustre jurista que si el concepto de justicia ha merecido tantas definiciones, siendo al parecer clara y rigurosa la de "dar a cada uno lo suyo", es porque no
se acertó a expresar en los términos "dadme a mí lo que me corresponde", que hubieran sido mejor comprendidos y, desde luego, umversalmente compartidos. Del mismo modo, puede ponerse en duda la utilidad —y hasta la corrección— de establecer la diferencia entre liberales y autoritarios cuando con tanta frecuencia se advierte cómo se superpone otra distinción aparentemente más real: el hombre es liberal cuando se trata de su libertad y es autoritario cuando está en juego su autoridad.
El curso, deliberado o irreflexivo, de esa proclividad cuestiona la posibilidad misma de llevar a su plenitud los principios democráticos y muestra un permanente riesgo de
perversión del sistema. Sólo una clara conciencia de respon- sabilidad, que valore adecuadamente la libertad y la solidari- dad, puede permitir el necesario equilibrio. Pero mal se compadece con esa responsabilidad el desmesurado creci- miento del Estado intervencionista, a costa de la propia sociedad, aunque sea forzoso reconocer que en ésta surgen o hallan acogida favorable las intervenciones estatales. La debilidad social hace que hoy —como dice Siegfried— no sólo se reciban prestaciones y asistencias, no sólo se viva siempre sujeto a la reglamentación, sino que el ciudadano esté en la actitud constante de ejercitar derechos a asistencias
y prestaciones y de extender su ámbito, con la consiguiente
disminución de la iniciativa privada, de la responsabilidad personal y, en consecuencia, del grado de perfeccionamiento que debe conseguir en el seno de la comunidad.



Planteando el tema desde otro punto de vista, se ha de aludir al vigor expansivo del poder y a las actitudes de sus titulares, prendidos entre los impulsos de dominación y la firmeza de sus convicciones democráticas. No es raro que, al filo de las apremiantes exigencias de la realidad y bajo la coartada pudorosa de la weberiana ética de la responsabili- dad, se advierta una profesión vacilante de las convicciones, cuando no su incodicionada claudicación. Si tal acontece, el


IMPULSOS DE DOMINACIÓN

Leviatán arrasa y una realidad política decepcionante se corresponde con la cruda descripción de los fenómenos del poder a que se refieren tantos pensadores, desde Hobbes a Bertrand de Jouvenel.
Los hechos demuestran que, incluso en el seno de las democracias occidentales, la concluyente descalificación mo- ral y política del totalitarismo no ha logrado su cabal eliminación social en aspectos cuya sutileza —y hasta imper- ceptibilidad— no debilita, sino que potencia sus propios riesgos. No parece ocioso subrayar a este respecto dos notas.
La primera alude a la tendencia a verificar una transposi- ción entre Estado y partido. No ya allí —democracias populares— donde el Estado-Partido responde a una concep- ción confesada y querida; tambián allí —democracias occi- dentales— donde el pluralismo político se afirma como valor esencial, si se imponen los instintos de dominación, manifes-
tados en la sectaria ocupación institucional y en una mal disimulada aspiración a la autoperpetuación en el poder.
Y no es extraño que, al servicio de tales instintos, las reglas de la democracia sean manipuladas y los valores constitucio- nales queden maltrechos.
La segunda nota se refiere al papel de la tecnología, como rasgo más característico de un totalitarismo germinal, que ha de ser prevenido decididamente en este final del siglo XX y que se distingue cualitativamente de los fenómenos tiránicos
y despóticos conocidos y valorados ya en el pensamiento helénico. No parece que la sociedad de hoy esté suficiente- mente sensibilizada frente al riesgo de que un Estado
tecnocrático —el Estado Sabio, en la terminología de Cháte- let— haga realidad lo que es todavía representación ilustrativa de la imaginación de algunos conocidos fabuladores.



RAZONES O ENCANTACIONES

Es esencia de la libertad la posibilidad de elección, de opción entre términos alternativos. Y no han sido menores ni desapasionadas las disquisiciones que, en torno a la democra- cia, han derivado de serios y frecuentes juicios críticos en relación con el modo como reaccionan y se manifiestan, ante las plurales y sucesivas demandas de confianza, los grandes conjuntos humanos, los pueblos en definitiva. Según términos de resonancia platónica, la cuestión podría enunciarse inqui- riendo si los hombres se conducen por razones o por encantaciones. En otras palabras, ¿es lo racional o es lo emotivo lo que impulsa la decisión del elector y, en última instancia, decide las elecciones?
A nadie se le oculta la hondura de la cuestión para ponderar las posibilidades de realización efectiva de los principios democráticos. La psicología de masas y los com- portamientos socio-políticos han sido objeto de incisivos estudios y de cuidadosos análisis. Baste ahora con dejar señalada la cuestión, que no es sino reflejo de una de las tensiones (corazón-cabeza) más íntimamente entrañadas en
la propia naturaleza del hombre. Es claro que un equilibrio

estable no se sigue de la anulación de las reacciones emotivas con total racionalización de las decisiones políticas, ni es producto natural de la irracionalidad y el contagioso apasio- namiento. Pero sería ingenuo no percibir cómo, incluso en países acostumbrados al juego democrático y al ¡ turno de partidos, es con frecuencia decisiva la valoración de las personas y el atractivo de los candidatos; no es sino una consecuencia de cierto acercamiento en las ideologías y en las enunciaciones programáticas de los partidos, fruto de la naturaleza de los problemas que han de ser abordados y de una dinámica política mesurada y reacia a las grandes oscilaciones pendulares. El fenómeno acusa la estabilidad propia de las sociedades más vitales y vertebradas, en las que
la política tiene su importante lugar, pero carece de fuerza impregnadora omnicomprensiva. No parece, por! ejemplo, que el ciudadano medio norteamericano piense que su way of
Ufe pueda verse perturbadoramente afectado o trastocado por el hecho de que sea republicano o demócrata el presidente de los Estados Unidos.
Las cosas no suelen ser exactamente igual en otras comunidades, como las latinas, aunque, por lo que a la española respecta y en comparación con otras etapas históri- cas, la transcurrida ya bajo la vigencia de la Constitución de
1978 apunta signos favorables de estabilidad, precisamente por la tensión hacia el centro —no hacia los extremos radicales y radicalizadores— de las distintas fuerzas políticas; tensión que viene impuesta por la propia actitud de un electorado sobre el que se extienden todavía negra^ sombras
de dramáticas experiencias.
Esa aproximación en las acciones y programas (le gobier- no es deseable, en su grado, para quienes postulan un orden de convivencia en el que el cambio y el progreso no sacudan convulsiva y periódicamente a la sociedad. No es deseable
—ni es real— más allá de ese grado, porque la eventual pérdida de las señas de identidad ideológica o la indiferencia- ción entre las opciones políticas genera —y más en sociedades como la española, sin hábitos democráticos consolidados, sin una despierta conciencia de la sociedad civil— riesgos que deben ser evitados.
De una parte, el electorado puede llegar a desentenderse
de un sistema político que, por excesiva artificiqsidad, se distancia de los problemas tal como los distintos grupos sociales los viven y los sufren.
De otra parte, una atemperación rayana en la precariedad ideológica, unida a prácticas de verdadero marketing político, puede llegar a desvirtuar la democracia si, al final, sólo las ensoñaciones de un pueblo le sitúan en el sendero de una estrella política. Es fácil recordar el ejemplo de la República de Weimar, cancelada por la fuerza atractiva de un fabricante de sueños, que lo fue de pesadillas. Como se ha dicho expresivamente, una democracia es "un régimen de Derecho, no un régimen de entusiasmo", y un país no puede vivir a








PASIVIDAD E INHIBICIÓN SOCIALES

golpe de "genios" que se le impongan y que no suelen ser genios; un país vive pacíficamente y progresa a partir de una selección de inteligencias prácticas y voluntades rectas que son las características de los buenos gobernantes.
La realización de la democracia requiere que el Estado se abra a la participación de los ciudadanos y que la sociedad asuma activamente sus funciones, con una aguda sensibilidad de lo que supone la comunidad. Y es un obstáculo para ello
la concepción del Estado como enemigo del ciudadano. La convicción de que el Estado es algo externo, ajeno al ciudadano y a la propia sociedad, es una convicción muy latina qué contrasta con la vivencia de otras latitudes en que con más facilidad llega a considerarse al Estado como expresión de la comunidad.

Es posible que en el momento en que "lo Stato" apareció en el Renacimiento se produjera una identificación del Estado con "los dominadores y con sus secuaces", según la expresiórj de Burkhart, porque esa concepción fue propiciada por el moldo de acción de los gobiernos tendentes, por propia defensa, ^ verificar la identificación de la parte con el todo, siendo así frecuente que los gobiernos acusaran de enemigos del Estadp —no enemigos del Gobierno— a quienes estuvie- ran en una actitud de oposición. Pero el acto de poder —y su propio cpncepto— ha de plantearse hoy de forma muy distinta, como expresivamente ha ilustrado Hermann Heller,
al señalar que es el resultado de las voliciones de todas las fuerzas que actúan dentro y fuera del poder.

Lo cierto es que la concepción heterónoma del poder, como algo externo, viene a ser similar a la secularización de
la oposición entre conciencia individual e Iglesia que está en
la raíz de la reforma luterana. Esa concepción, mística en lo religioso y cínica en lo político, hace del fiel —según indica Siegfried^ una individualidad espiritual, pero lo reduce a no ser en la piudad más que un habitante pasivo e inhibido.

Se ha afirmado a veces el valor político de la apatía, de la inhibición ciudadana, como signo de consenso nacional y de integración social. Pero la verdadera fortaleza del Estado, esa fuerza rectamente entendida y hasta deseada, sólo existe cuando es expresión de una sociedad viva y dinámica y se funda en el respaldo activo y consciente de los ciudadanos.

En ojtro caso, convertida la sociedad en lo que llama Sartre "el colectivo", como conjunto inerte de hombres sometido a la estructura de serialidad o agrupación consisten-
te en est^r uno al lado de otro, debilitadas o fracasadas las virtudes cívicas, el Estado, carente de la participación de los ciudadanos, es, con frase de Valéry, un Estado demasiado fuerte para los hombres, pero demasiado débil para los problemas que ha de resolver.

la posibilidad de utilizar el recurso de amparo I ante el
Tribunal Constitucional para su defensa; la sección ¡2.a (arts.
30 a 38) añade otro catálogo de derechos individuales que, aunque sin acceso a la vía de amparo para su defensa, no
pueden ser reglados por la Administración al constituirse en materia reservada a la ley (art. 53.1). Por contraste, el capítulo 3Q del propio título I (arts. 39 a 52), con la rúbrica "de los principios rectores de la política social y económica", enumera los derechos (aunque no directamente intocables ante los tribunales hasta que se dicten las leyes j que los desarrollen; arts. 53.3) cuyo ejercicio se dirige a! obtener prestaciones positivas del Estado; de un Estado al que ahora
se le pide que intervenga (que no se abstenga) para ¡procurar las condiciones mínimas vitales a sus ciudadanos (Dassein- vorsorge) y que, por ende, se ve en la contradictoria situación de aumentar su competencia (Verwaltung ais Leistungstráger)
y disminuir sus poderes. Algo que los espíritus escépticos comparan con la cuadratura del círculo.
Aparte de la expresa definición que se hace en ej artículo
1Q,1 de la Constitución, la clave del Estado social se
encuentra en el artículo 9^,2; igualdad real de los in'dividuos
y grupos como objetivo expreso de la actuación de los poderes públicos. Partiendo de este principio, la jurispruden- cia del Tribunal Constitucional no ha tenido inconveniente en admitir el "sacrificio de los derechos adquiridos",! pues "el Ordenamiento Jurídico se resiste a ser congelado en un momento histórico determinado" (Sent. 27/1981, de 20 de julio). Una doctrina, por cierto, discutible, pero significativa.



Primera reunión del Tribunal Constitucional bajo la presidencia de Tomás y Valiente